Por un nuevo contrato social

     ”¿Acaso no es una desgracia extrema la de estar sometido a un amo del que jamás podrá asegurarse que es bueno porque dispone del poder de ser malo cuando quiere?”. Esta frase de Étienne de La Boétie, en su De la servitude volontaire, resume la disposición mental frente a la tiranía o, sin ser tan radicales, frente a unos gobernantes corruptos y, a la postre, corrompidos, que han desistido del objeto para el que fueron contratados y gastan todo su tiempo en auto-promocionarse y auto-reproducirse.
 
     Este, de la teoría contractualista, es un tema de cierta complejidad académica, pero no quiero redactar aquí una entrada teórica a su respecto ya que sería larga y, seguramente, tediosa. Habría que tratar de Iusnaturalismo, de Francisco Suárez (español, el primero en hablar de “pacto social”), de Altusio, de Grocio, de Pufendorf, de Hobbes, Locke, Rousseau, … y cómo no de Platón y de Aristóteles.
 
     Nos bastaremos, entonces, con una breve definición que habrá que asumir sin aparato crítico: “En efecto, para que una multitud, es decir, muchos hombres, sean una Persona, a la que pueda atribuirse un acto y a la que correspondan ciertos derechos (…) , es necesario que hayan unido primero sus voluntades y fuerzas mediante pactos sin los cuales es imposible entender cómo pueda hacerse la unión (…) de quienes son iguales por naturaleza” (Pufendorf, citado por SABINE, 318). Tales pactos tendrían varias vertientes, de la que a nosotros nos interesa aquí la que se establece entre la sociedad y sus gobernantes. Da igual que, como señaló Kant, todo esto fuese una ficción histórica o metodológica, lo importante es que existe un “pacto” entre gobernantes y gobernados, que, como todos los contratos, se establece en base a unos acuerdos y a unos principios, los que fueren, y que, por lo tanto, si esos principios son violados el pacto puede romperse y ser sustituido por otro.
 
     Toda la enorme complejidad de la teoría está magistralmente resumida, en la práctica, por un suceso histórico fundamental en la reciente Historia Universal y recogido en este documento:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad (Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Filadelfia, 4 de julio de 1776)

     Pues bien, lo que sostengo en este artículo es que estas palabras escritas hace dos siglos y cuarto largos son de una actualidad avasalladora, que los actuales gobernantes han roto el pacto social vigente y que, por tanto, se hace necesaria la redacción de un nuevo contrato. Es, curiosamente, lo que está reclamando la sociedad tunecina, por ejemplo, en estos mismos días, aunque su contrato y el nuestro sean muy diferentes. Las dos cuestiones a dilucidar son entonces: por un lado cuál es el contenido de nuestro actual contrato con nuestros gobernantes y, de otro, por qué éstos lo incumplen tan gravemente como para que sea necesaria su reescritura. Como último contenido teórico previo, sólo habría que insistir en que, como todos los pactos, hablamos aquí de un gran consenso en el que pueden convivir opiniones o grados de convencimiento diferentes e incluso, como no, ideas contrarias y enfrentadas, pero el pacto, el contrato, el consenso involucra al conjunto de la sociedad.
 
      Si tuviésemos que definirlo con una sola expresión diríamos “Estado del Bienestar”. Este es el contrato que refrendamos actualmente, en Gerena, en España, en Europa y en lo que denominamos genéricamente como “Occidente”, entre gobernantes y gobernados. En un artículo de ayer mismo en El País Paul Krugman explica algunos datos al respecto. En pocas palabras el Estado del Bienestar es una combinación de capitalismo y Estado en el que éste se compromete a distribuir entre todos los ciudadanos una parte importante de los beneficios de aquél, de manera que repartiendo una parte sustancial de la riqueza generada por la economía capitalista aumente el nivel de vida y bienestar general de la población, se controlen sus desmanes ecológicos y se salvaguarden derechos esenciales. Que es posible hacerlo está demostrado por la historia de varios países occidentales desde mediados del siglo XX hasta hoy. La clave de bóveda del sistema está en la palabra “Estado” o, dicho en otros términos, en el contenido que adjudicamos al concepto de la “política”: ésta se entiende necesariamente como igual a democracia que debía controlar al mercado, regularlo y redistribuirlo. No se pone en cuestión el sistema económico capitalista, pero se obliga a su “mano invisible” (según la inevitable explicación de Adam Smith) a convertirse en observable, medible y controlable para el beneficio común del conjunto de los contratantes que, en esta situación, no puede ser sino el conjunto de la ciudadanía.
 
     Explicar las razones por las que nuestros gobernantes han roto este contrato es tan fácil y evidente en estos momentos que parece casi pueril. No hay que buscar apenas para encontrarse con declaraciones, actitudes y hechos que demuestran que éstos han dimitido de la preponderancia política, segura y lamentabilísimamente porque su simonía ya no les permite pensar en términos políticos, sino, con exclusividad, en términos económicos. Jacinto Pereira, Manuel Chaves y Rodríguez Zapatero, cada uno en su diferente nivel de responsabilidad, son ejemplos perfectos de ello (que estos tres nombres sean de gobernantes socialistas es sólo casualidad, triste casualidad, y no descarta en absoluto, que si residiera en la Comunidad Valenciana los dos primeros nombres y siglas políticas serían diferentes). No les hemos contratado para que repartan miserias, eso lo lleva haciendo la Iglesia Católica dos milenios, con más eficiencia seguro, les contratamos para que repartieran riqueza, la riqueza que no reparte el mercado y que debía de repartir la política. Sin embargo, en una espiral inenarrable, atrapados por esa riqueza y por el vudú de los “nuevos ricos” han caído en la cuenta de que nada funciona mejor que el mercado (la compraventa donde siempre manda el más fuerte), para ellos, para sus familias y para sus amigos. ¿Cómo sino iba a ganar Jacinto Pereira mucho más de 60.000 euros anuales, cuando el sueldo de un profesor de escuela, su anterior trabajo, no llegará ni a la mitad? Los gobernantes de nuestro contrato, o lo que es mucho peor, los políticos en general se han convertido en el problema. Un problema tan grave que puede hundir a un país en un santiamén. Lo han hecho, por ejemplo, hace muy poco tiempo con uno de los más ricos y prósperos del mundo: Argentina, lo están haciendo con Grecia en el mismo momento en el que ustedes leen estas palabras, y …
 
     Es decir, merced al contrato les convertimos en guardianes de la granja y ellos han acabado creyéndose dueños, y comiéndose a todo bicho viviente que por allí circulaba. Ahora ellos están orondos y nosotros nos hemos quedado sin granja y sin animales. Los términos del contrato eran palpables: ofrecimos la preponderancia a la política para controlar al mercado, sin embargo, los actores de esa preponderancia: los políticos, se han aliado con el mercado para traicionarnos. Las consecuencias las conocemos todos: una vez que los políticos se han vendido al mercado y se han dejado corromper por él hasta límites vomitivos, aquél, el mercado, ha venido a exigir ahora su lugar y su precio con la violencia que caracteriza a las “manos invisibles”. Así que cualquier nuevo contrato social debe comenzar, inevitablemente, por limitar de forma drástica el poder omnímodo de los políticos, y su número innecesario y multiplicado. Esta es, por tanto, la primera estipulación del nuevo contrato social que necesitamos: el mercado no es de fiar, pero los políticos tampoco lo son y contra más poder tengan ambos peor nos irá al conjunto de los ciudadanos. Es lamentable tener que estar de acuerdo con La Boétie cuatro siglos y medio más tarde.

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